La caída del bitcoin reabre el debate sobre su impacto real en la economía y la vida cotidiana de El Salvador

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John Merolla

Reportero, Life News Today

La fuerte caída del precio del bitcoin volvió a poner bajo la lupa la apuesta que El Salvador hizo en 2021 al convertir la criptomoneda en moneda de curso legal. Hoy, los bitcoins que posee el Estado valen más de 144 millones de dólares menos que al cierre de 2025, una disminución que refleja la volatilidad de un activo que depende exclusivamente de los mercados internacionales.

A fines de 2025, el Gobierno salvadoreño acumulaba 7.518 bitcoins, con un valor aproximado de 658 millones de dólares. Aunque luego adquirió 46 unidades más —alcanzando un total de 7.564—, la baja en la cotización redujo el valor total de esas reservas a unos 513 millones de dólares al 16 de febrero. La diferencia representa una caída cercana al 22 % respecto de su valuación anterior. Si se compara con el máximo histórico que la criptomoneda alcanzó en octubre de 2025, cuando superó los 126.000 dólares por unidad, la corrección ronda el 45 %.

La pérdida es, por ahora, contable: el Gobierno no vendió sus activos y sostiene que mantendrá su estrategia a largo plazo. Sin embargo, la situación reabre interrogantes sobre el impacto real de haber incorporado un activo altamente volátil dentro de las reservas públicas.

Cuando el presidente Nayib Bukele impulsó la medida en septiembre de 2021, argumentó que permitiría modernizar la economía, atraer inversiones tecnológicas, reducir costos en el envío de remesas y ampliar el acceso a servicios financieros para sectores históricamente no bancarizados. El país ofreció incentivos fiscales al sector tecnológico y promovió el uso de billeteras digitales estatales para facilitar las transacciones en bitcoin.

En la práctica, no obstante, la mayoría de los salvadoreños continuó utilizando el dólar estadounidense para sus operaciones cotidianas. Salarios, precios y transacciones comerciales siguieron denominándose mayoritariamente en la moneda norteamericana. Diversos estudios mostraron que el uso diario del bitcoin fue limitado, en parte debido a la volatilidad de su precio, que puede variar con rapidez en cuestión de días o incluso horas.

Mientras tanto, el cambio más profundo que experimentó El Salvador en los últimos años no estuvo directamente relacionado con el bitcoin, sino con la seguridad. El país, que durante mucho tiempo figuró entre los más violentos del mundo por la actividad de las pandillas, registró una reducción drástica en los índices de homicidios tras la implementación de un régimen de excepción y políticas de seguridad más estrictas. Esa transformación alteró la vida diaria de millones de personas: comercios que antes pagaban extorsiones volvieron a operar con mayor tranquilidad, zonas consideradas peligrosas recuperaron actividad económica y el turismo creció de manera significativa.

La mejora en la seguridad fortaleció la percepción internacional del país y generó un clima más favorable para la inversión y el consumo. Muchos analistas sostienen que este factor tuvo un impacto más tangible en la economía cotidiana que la adopción de la criptomoneda. Más visitantes, mayor movimiento comercial y una sensación de estabilidad influyeron directamente en la actividad económica.

En cuanto a los precios, El Salvador atravesó presiones inflacionarias similares a las del resto del mundo en los últimos años, principalmente por factores globales como el aumento de los costos energéticos y alimentarios. No hay evidencia concluyente de que la adopción del bitcoin haya provocado por sí sola aumentos o descensos significativos en el costo de vida. Para la mayoría de los ciudadanos, el efecto directo en su economía doméstica fue limitado.

El debate también alcanza al frente fiscal. El Salvador ya enfrentaba niveles elevados de deuda pública antes de incorporar el bitcoin como moneda legal. La decisión generó tensiones con organismos internacionales, especialmente con el Fondo Monetario Internacional, y aumentó la cautela de algunos inversores. Aunque la inversión en bitcoin representa una porción acotada del total de las finanzas estatales, su volatilidad introduce incertidumbre adicional en un contexto donde el país necesita sostener el equilibrio fiscal y cumplir con compromisos de deuda.

Así, la caída del bitcoin no solo implica una reducción en la valuación de las reservas estatales, sino que vuelve a plantear preguntas más amplias sobre los y beneficios de haber convertido a una criptomoneda en parte de la estrategia económica nacional. Mientras la seguridad parece haber transformado de manera concreta la vida cotidiana y el clima de negocios, el impacto estructural del bitcoin sigue siendo objeto de debate. El futuro de esa apuesta dependerá, en gran medida, de la evolución de un mercado global que ningún país puede controlar por sí solo.