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El THC de Cáñamo Enfrenta una Prohibición Federal en Diciembre

hace 9 horas
9 min de lectura

Una prohibición federal de casi todos los productos intoxicantes con THC derivado del cáñamo, desde bebidas hasta gomitas y vapeadores, entrará en vigor el 11 de diciembre, aproximadamente un año después de su aprobación. El Congreso incluyó las restricciones en la ley que puso fin al cierre gubernamental de 43 días en noviembre de 2025, para cerrar lo que el senador Mitch McConnell, republicano de Kentucky, llamó un vacío legal en la Ley Agrícola de 2018. McConnell y otros partidarios, incluidos 35 fiscales generales estatales y territoriales, afirmaron que estos productos llegaban a los niños sin suficientes controles. La ley excluye de la definición de cáñamo los productos terminados con más de 0,4 miligramos por envase de THC y ciertos cannabinoides de efectos similares, un límite muy inferior al contenido de la mayoría de las bebidas intoxicantes. Algunos cannabinoides que la planta de cannabis no produce naturalmente enfrentan una fecha límite anterior, el 12 de noviembre, mientras varios estados ya restringen su venta en tiendas de conveniencia, licorerías y otros comercios.

 

La diferencia entre cáñamo y marihuana es fundamental para entender la controversia. Ambos provienen del cannabis y pueden contener tetrahidrocannabinol, o THC, el compuesto responsable de los efectos intoxicantes de la marihuana. La Ley Agrícola de 2018 excluyó el cáñamo de la definición federal de marihuana y legalizó el cannabis con un máximo de 0,3 % de THC delta-9 por peso seco, según el Servicio de Investigación del Congreso. Como esa norma solo contemplaba un compuesto, permitió la expansión de productos intoxicantes derivados del cáñamo, según otro análisis del organismo. Las bebidas, gomitas, vapeadores y aceites con THC comenzaron a venderse en comercios comunes, frecuentemente fuera de los sistemas que regulan la marihuana recreativa. La nueva ley incluye otras formas de THC, como el THCA, y excluye ciertos cannabinoides fabricados químicamente, pero mantiene legal el cáñamo industrial destinado a fibra, granos y otros usos no relacionados con cannabinoides.

 

“Los envases están diseñados claramente para atraer a los niños”, declaró el senador Ted Budd, republicano de Carolina del Norte, en agosto, mientras mostraba productos con THC presentados como Skittles y Oreo. El senador Rand Paul, también republicano de Kentucky, calificó la prohibición como “la propuesta más irreflexiva e ignorante que he visto dirigida a una industria”. Los cerveceros están divididos: algunos producen bebidas de cáñamo y otros compiten con ellas por espacio comercial, según la Asociación de Cerveceros. “Nuestros miembros quieren competir en igualdad de condiciones”, afirmó Bart Watson, presidente y director ejecutivo de la organización. El desacuerdo no consiste solo en regular el THC, sino en decidir si las empresas existentes podrán continuar operando bajo normas más estrictas de análisis, etiquetado y edad mínima.

 

Illinois está entre los estados que actúan antes de la fecha federal. El gobernador JB Pritzker firmó en junio el Proyecto de Ley del Senado 3222, que prohíbe vender cáñamo intoxicante a menores de 21 años. El 12 de noviembre, Illinois adoptará la nueva definición federal de cáñamo y someterá los productos intoxicantes a las normas de los dispensarios autorizados, según las directrices estatales. Esto deja a fabricantes de bebidas, bares y supermercados casi un mes menos que a sus equivalentes en otros estados. Nueva Jersey también prevé terminar en noviembre con las ventas de bebidas intoxicantes de cáñamo fuera de su mercado regulado de cannabis. Los consumidores podrían ver desaparecer bebidas y comestibles con THC de las tiendas habituales antes de la entrada en vigor de las restricciones federales.

 

La Ley 2641 de Missouri, firmada por el gobernador Mike Kehoe en abril, generalmente considera los productos intoxicantes derivados del cáñamo como marihuana y limita su venta al sistema estatal autorizado de cannabis. Esto amenaza a comerciantes que dependen de proveedores de otros estados, y la Asociación Comercial del Cáñamo de Missouri advirtió que la ley podría acabar con pequeñas empresas. Sin embargo, existe una excepción vinculada al aplazamiento federal que permite vender hasta el 11 de diciembre ciertas bebidas con THC de cannabinoides naturales no sintetizados, exclusivamente a mayores de 21 años. Otras restricciones, incluidas las relativas a determinados cannabinoides sintéticos, productos para fumar y comestibles, comienzan antes. Las diferentes fechas muestran la dificultad de las empresas para determinar qué productos pueden vender legalmente.

 

Ohio prohibió en marzo las ventas de THC intoxicante de cáñamo fuera de dispensarios autorizados, conforme a una ley firmada por el gobernador Mike DeWine en diciembre de 2025. DeWine vetó una excepción que habría permitido a bares y cervecerías vender bebidas con dosis bajas de THC durante 2026, argumentando que confundiría a los consumidores. “Ohio está adoptando una buena política pública”, escribió al defender la decisión de actuar antes de las restricciones federales. California y Colorado también endurecieron sus normas; Colorado incorporó el cáñamo intoxicante a su sistema autorizado de marihuana en 2023. Estas diferencias han creado regulaciones bajo las cuales un producto legal en un estado puede estar prohibido en otro, complicando la fabricación, distribución y venta.

 

La Mesa Redonda del Cáñamo de Estados Unidos, organización comercial del sector, estima el mercado de productos derivados del cáñamo en unos 28.400 millones de dólares, mientras las ventas de bebidas con THC en comercios convencionales aumentaron un 135 %, hasta 239 millones de dólares, durante el año terminado el 4 de abril, según NIQ. Las restricciones federales podrían cerrar aproximadamente el 68 % de las empresas estadounidenses de cáñamo y obligar a otro 15,5 % a despedir empleados, afectando potencialmente a entre 189.000 y 226.000 trabajadores, según el informe de Whitney Economics de 2026. Estas cifras son proyecciones de la industria, no cierres ni despidos confirmados. Dennis Mistrioty, presidente de la Mesa Redonda, afirmó que distribuidores y comerciantes ya reducen pedidos y muchos agricultores no están sembrando este año. Un agricultor del comité asesor de la organización podría quedarse con más de un millón de dólares en cosechas sin vender por contratos incumplidos.

  

En Chicago, Ed Marszewski, fundador de Marz Community Brewing Co., afirmó que las bebidas con THC representan casi la mitad de la producción de su cervecería. “Vamos a tener que despedir empleados”, declaró. Anas Masoud, propietario de South Loop Market, señaló que la ley perjudica a los pequeños empresarios mientras acumula bebidas con THC y considera productos de CBD que cumplan las nuevas normas. En Carolina del Sur, donde la marihuana recreativa sigue siendo ilegal, estos productos representan aproximadamente el 10 % de las ventas de Bottles Beverage Superstore, según el gerente regional Abe Versprille. “Muchos proveedores ya han detenido la producción”, afirmó. Para las empresas que invirtieron en estos productos después de 2018, la incertidumbre afecta las ventas, los inventarios, el personal y la continuidad del negocio.

 

Las cervecerías de Minnesota registraron más de cinco millones de dólares en ingresos por bebidas con THC durante 2025, según Bob Galligan, del Gremio de Cerveceros Artesanales de Minnesota, que representa a 160 cervecerías y se opone a la prohibición. Estas empresas se convirtieron en importantes productoras después de que Minnesota legalizara las bebidas en 2022, pero no pueden sustituir simplemente el THC de cáñamo por THC de marihuana sin enfrentar restricciones sobre la producción de alcohol. Antes de la prohibición en Ohio, la Asociación de Cerveceros Artesanales de ese estado pidió límites de edad y análisis de productos en lugar de una prohibición. La industria sostiene que los productos intoxicantes de cáñamo podrían venderse bajo normas similares a las del alcohol o la marihuana autorizada. Sus opositores consideran que no deberían venderse en comercios comunes sin protecciones equivalentes.


 

Las disputas judiciales aumentan la incertidumbre. El juez federal M. Douglas Harpool desestimó una demanda contra la ley de Missouri antes de su entrada en vigor, al considerar incierta su aplicación. Los demandantes argumentaron que las definiciones superpuestas significaban que “un mismo producto es simultáneamente cáñamo legal y marihuana ilegal”. En Illinois, empresas del sector también solicitaron medidas judiciales de emergencia, advirtiendo que las restricciones podrían eliminar gran parte de la industria. Decisiones anteriores de tribunales federales de apelaciones generalmente han permitido normas estatales más estrictas que la definición federal. El Cuarto Circuito confirmó el límite de THC total de Virginia en enero de 2025, mientras el Octavo Circuito respaldó posteriormente las restricciones de Arkansas sobre delta-8 y productos similares.

 

Los partidarios de mayores restricciones señalan los riesgos de vender productos intoxicantes sin controles uniformes. Los centros de toxicología estadounidenses recibieron 3.276 llamadas relacionadas con delta-8 THC, delta-10 THC y THC-O en 2022, un aumento del 88 % respecto al año anterior, y los menores de seis años representaron el 31 % de los casos, según un estudio del Nationwide Children's Hospital y el Centro de Toxicología de Ohio Central. Los investigadores encontraron tasas de exposición al delta-8 significativamente menores en estados que lo prohibieron o legalizaron la marihuana. El doctor Christopher Gaw, coautor del estudio, advirtió sobre “productos fácilmente disponibles que pueden contener contaminantes no declarados y etiquetas inexactas”. Los resultados han reforzado las exigencias de regulación, aunque no todos los informes de exposición implican lesiones graves.

 

El Congreso ya concedió un aplazamiento temporal. En septiembre, el presidente Donald Trump firmó una ley provisional de financiamiento que pospuso la mayoría de las restricciones federales del 12 de noviembre al 11 de diciembre, cuando vence ese financiamiento. La Cámara de Representantes aprobó el aplazamiento por 370 votos contra 48, mientras el Senado rechazó mantener la fecha original. La senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, quien apoyó el aplazamiento junto con Rand Paul y Jeff Merkley, lo consideró “inmediatamente necesario para dar certeza a los productores y consumidores de cáñamo de Minnesota”. Jonathan Miller, asesor jurídico de la Mesa Redonda, afirmó que el mes adicional permite desarrollar normas que podrían incorporarse a la legislación presupuestaria de diciembre.

  

El representante Andy Barr, republicano de Kentucky, y la representante Angie Craig, demócrata de Minnesota, presentaron la Ley de Protección Legal del Cáñamo como alternativa. La propuesta establecería un límite del 1 % de THC total para los cultivos, prohibiría ciertos cannabinoides sintéticos e introduciría requisitos de análisis, etiquetado y edad mínima. “Los agricultores de Kentucky ayudaron a construir la industria estadounidense del cáñamo y merecen certeza”, declaró Barr. El representante Morgan Griffith, republicano de Virginia, también promovió normas federales para productos derivados del cáñamo. Ninguna alternativa ha sido aprobada, por lo que las empresas siguen preparándose para diciembre mientras los legisladores debaten entre regulación y prohibición.

 

“Rechacen el aplazamiento, cumplan su promesa y permitan que la ley entre en vigor”, declaró en agosto el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, junto con otros 34 fiscales generales estatales y territoriales que pidieron mantener las restricciones. La Asociación Estadounidense de Comercio de Cannabis y Cáñamo, representante de empresas autorizadas de marihuana, también se opuso al aplazamiento, argumentando que los vendedores de cáñamo deberían cumplir normas comparables a las de los dispensarios. NACS, asociación de tiendas de conveniencia, informó que sus miembros enviaron más de 1.200 cartas a senadores favorables al aplazamiento. Las presiones reflejan las consecuencias económicas y sanitarias de la decisión. Ambas partes defienden la seguridad del consumidor, pero discrepan sobre si el mercado actual puede regularse eficazmente.

 


La controversia forma parte de una larga historia de cambios en las leyes estadounidenses sobre cannabis. Las restricciones federales se remontan a la Ley de Impuestos sobre la Marihuana de 1937, cuyas disposiciones fueron cuestionadas en un caso resuelto por la Corte Suprema en 1969, antes de la aprobación de la Ley de Sustancias Controladas de 1970. Una comisión federal recomendó despenalizar la posesión de pequeñas cantidades en 1972, pero la marihuana permaneció clasificada como sustancia de la Lista I. Colorado fue pionero en modificar su política, legalizando la marihuana medicinal en 2000 y la recreativa en 2012, con ventas comerciales desde el 1 de enero de 2014. La reforma también ordenó regular el cáñamo industrial años antes de su legalización federal. Estos cambios contribuyeron a establecer la distinción actual entre marihuana vendida en dispensarios autorizados y productos de cáñamo comercializados en tiendas comunes.

 

La política federal sobre marihuana también está siendo reconsiderada, pero cambiar su clasificación como sustancia controlada no preservaría automáticamente la legalidad de los productos con THC de cáñamo. Ambos mercados operan bajo normas distintas, y las empresas de marihuana enfrentan restricciones que no necesariamente se aplican a los productores de cáñamo. Trump también pidió al Congreso actualizar la legislación para preservar el acceso a productos de CBD de espectro completo. Los consumidores de estados donde la marihuana recreativa es legal podrían seguir encontrando productos similares con THC en dispensarios autorizados, pero las empresas que venden bebidas, gomitas y vapeadores de cáñamo en comercios comunes enfrentan otro panorama.

 

Si se mantiene la fecha del 11 de diciembre, gran parte del mercado de cáñamo intoxicante perderá su condición legal federal, incluso donde los consumidores acostumbran comprar estos productos fuera de los dispensarios. Si el Congreso aprueba la propuesta de Barr y Craig u otra alternativa, algunos productos podrían continuar disponibles bajo nuevos requisitos de análisis, etiquetado y edad mínima. Los legisladores deberán decidir entre preservar una industria en crecimiento bajo mayor supervisión o permitir restricciones que podrían eliminar buena parte de su mercado actual. Para agricultores, fabricantes y comerciantes, la decisión podría determinar la supervivencia de sus empresas. Para los consumidores, determinará dónde y bajo qué normas podrán comprar bebidas, gomitas y vapeadores con THC en 2027.


Alexander Fernandez, Periodista

Life News Today


 

 
 
 

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