La Corte Suprema Permite Reanudar las Deportaciones a Terceros Países

La Corte Suprema escuchará argumentos el 9 de diciembre sobre los procedimientos del gobierno de Trump para deportar inmigrantes a países distintos de los suyos, una práctica que ha afectado a casi 28.000 personas entre enero de 2025 y principios de agosto de 2026, según Human Rights Watch. El 29 de septiembre, el tribunal aceptó una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para suspender el fallo de un juez federal que declaró ilegales las normas de deportación del departamento. Hasta que se resuelva el caso, el DHS puede reanudar las deportaciones bajo esas normas. La suspensión no determina si son legales. El caso establecerá qué protecciones deben recibir los inmigrantes antes de ser enviados a un país donde podrían enfrentar persecución o tortura.

La disputa se centra en las llamadas deportaciones a terceros países, mediante las cuales los inmigrantes son enviados a países distintos de los suyos o de los identificados en sus procedimientos de expulsión. El juez Brian Murphy, del tribunal federal de distrito de Massachusetts, dictaminó el 25 de febrero que los inmigrantes deben recibir una notificación y la oportunidad de argumentar que enfrentarían persecución o tortura antes de ser enviados a otro país. Un tribunal de apelaciones suspendió ese fallo mientras el gobierno apelaba, pero lo confirmó en gran medida el 18 de septiembre, tras lo cual la decisión del tribunal inferior entró en vigor y detuvo las deportaciones bajo las normas cuestionadas. Seis días después, el Departamento de Justicia presentó la solicitud del gobierno ante la Corte Suprema. El máximo tribunal pidió a las partes abordar si los tribunales inferiores tenían autoridad para conocer el caso, si el juez podía conceder protección a toda una clase de demandantes y si las normas son ilegales. En junio de 2025 había concedido una suspensión similar de una orden judicial anterior en el mismo caso. El desacuerdo central no es si todas las deportaciones a terceros países están prohibidas, sino si el gobierno debe ofrecer a los inmigrantes una oportunidad efectiva de impugnar su traslado a un país determinado.

Human Rights Watch basó sus cifras en datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Entre el 20 de enero de 2025 y el 5 de agosto de 2026, casi 28.000 personas fueron deportadas a más de 50 países distintos de aquellos donde tenían ciudadanía o residencia habitual. Los inmigrantes procedían de numerosos países, no solo de América Latina, y la mayoría fue enviada a destinos fuera de África. Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini, Ghana, Guinea Ecuatorial, Camerún y Congo han recibido o aceptado recibir ciudadanos de terceros países, aunque un acuerdo no significa que los traslados se hayan realizado. Las deportaciones a países africanos aumentaron de 103 en el período comparable anterior a 536 entre el 20 de enero de 2025 y el 5 de agosto de 2026.

El marco legal es anterior al gobierno actual. El Congreso estableció las bases para deportar personas a países alternativos mediante la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, firmada por el presidente Bill Clinton el 30 de septiembre de 1996. En su declaración de ese día sobre la ley presupuestaria que incluía la reforma, Clinton la calificó como “una legislación histórica de reforma migratoria” y afirmó que estaba “combatiendo la inmigración ilegal en la frontera, en los lugares de trabajo y en el sistema de justicia penal”. En febrero de 2025, el DHS emitió directrices internas que identificaban categorías de personas con órdenes definitivas de expulsión que podían ser consideradas para deportaciones a terceros países. La ley federal también restringe las deportaciones a países donde exista riesgo de persecución o tortura, y determinar si los procedimientos gubernamentales cumplen esa norma es fundamental en el litigio. La cuestión ahora ante la Corte Suprema es cómo deben aplicarse esas protecciones cuando el destino no es el país de origen del inmigrante.

El gobierno federal afirmó que las deportaciones a terceros países son una herramienta esencial para expulsar a personas cuyos países de origen se niegan a recibirlas, incluidos “algunos de los peores extranjeros criminales”, según su presentación ante la Corte Suprema. El documento señaló que el fallo del tribunal inferior obligó al DHS a cancelar un vuelo que transportaba a 70 personas hacia tres países. James Percival, asesor jurídico general del DHS, declaró a Fox News Digital: “Si una persona es un violador de menores y cumple 20 años de prisión, tenemos dos opciones: encontrar un tercer país o permitir que ese violador de menores viva en una comunidad estadounidense”. Según las directrices gubernamentales, el DHS puede deportar personas sin procedimientos adicionales cuando un país ofrece garantías creíbles de que no serán perseguidas ni torturadas; de lo contrario, entrega una notificación escrita y generalmente espera al menos 24 horas. La presentación citó 103 deportaciones de personas cuyos países de origen se negaron a recibirlas o que representaban riesgos para la seguridad pública, incluidos 23 asesinos. El gobierno sostiene que exigir audiencias adicionales podría retrasar las deportaciones incluso cuando los países receptores han prometido proteger a los trasladados.

Los inmigrantes que presentaron la demanda, representados por el Northwest Immigrant Rights Project y la National Immigration Litigation Alliance, se opusieron a la solicitud el 28 de septiembre. Human Rights Watch informó que los deportados recibieron poco o ningún aviso previo. Tesfay T., un etíope de 35 años enviado a Camerún, declaró a la organización: “Incluso antes de subir al avión, preguntamos adónde íbamos y nos dijeron: “Lo sabrán cuando lleguen”“. El Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito escribió que “la ley y los reglamentos establecen procedimientos de audiencia para las solicitudes basadas en el temor a la persecución, sin excepción para las deportaciones a terceros países”. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson manifestaron que habrían rechazado la suspensión, como hicieron en junio de 2025. Sotomayor escribió entonces que “el Gobierno desafió abiertamente dos órdenes judiciales, incluida aquella respecto de la cual ahora solicita protección”. La orden del 29 de septiembre no explicó los motivos del desacuerdo. Para los demandantes, la notificación anticipada es esencial porque una persona puede enfrentar peligros en un tercer país que nunca fueron considerados durante su procedimiento migratorio original.

Los casos individuales muestran las consecuencias de enviar inmigrantes a países donde no tienen ciudadanía ni vínculos establecidos. Estados Unidos deportó a Jesús Muñoz Gutiérrez, ciudadano mexicano, a Sudán del Sur en julio de 2025. El DHS informó que un tribunal lo había condenado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado. Muñoz Gutiérrez declaró a periodistas en Yuba: “Cumplí mi condena en Estados Unidos y se suponía que debían devolverme a México”. Añadió: “En cambio, me enviaron injustamente a Sudán del Sur”. También afirmó que “mientras estuve aquí me trataron bien”. Funcionarios mexicanos realizaron gestiones diplomáticas durante aproximadamente dos meses para organizar su regreso, y Sudán del Sur anunció el 6 de septiembre de 2025 que lo había repatriado. Su caso muestra cómo una deportación puede requerir negociaciones diplomáticas adicionales incluso cuando se conoce el país de ciudadanía del inmigrante.

Otros casos han planteado dudas sobre la detención y el acceso a representación legal después de la deportación. Las autoridades de Esuatini mantuvieron durante nueve meses en una prisión de máxima seguridad a cuatro hombres deportados por Estados Unidos en julio de 2025, ciudadanos de Cuba, Laos, Vietnam y Yemen, y les negaron reuniones presenciales con un abogado. El abogado local Sibusiso Magnificent Nhlabatsi solicitó acceso en nombre de los representantes legales estadounidenses de los hombres. Las autoridades argumentaron que los detenidos no querían reunirse con él y que no tenían derecho a asistencia jurídica porque Esuatini no los había acusado de ningún delito. La Corte Suprema de Esuatini rechazó esos argumentos y dictaminó el 9 de abril de 2026 que las reuniones podían realizarse. Vongai Chikwanda, subdirectora regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Meridional, calificó el fallo como “un paso importante para garantizar el derecho de acceso a un abogado”. Añadió que Amnistía sigue preocupada porque los hombres “continúan detenidos arbitrariamente”. La portavoz gubernamental Thabile Mdluli declaró a The Associated Press que “la sentencia es todavía reciente y el Gobierno aún no se ha reunido para considerar posibles medidas futuras, si fueran necesarias”.

En Congo, la controversia se ha centrado en si los deportados tuvieron una verdadera opción de regresar a sus países de origen. Siete mujeres y ocho hombres de Colombia, Perú y Ecuador llegaron a Kinshasa, República Democrática del Congo, el 17 de abril de 2026, el primer grupo enviado allí bajo el programa estadounidense. Un tribunal federal había determinado que probablemente enfrentarían persecución en sus países, según su abogada, Alma David. Una mujer colombiana declaró a NPR: “No sabemos qué nos va a pasar”. Para principios de junio, ocho de los 15 habían regresado a sus países, según David, mientras la Organización Internacional para las Migraciones afirmó que su programa de retorno es “estrictamente voluntario y se basa en el consentimiento libre, previo e informado”. David señaló que los migrantes “probablemente se sintieron acorralados porque no se les presentó ninguna alternativa viable”. El caso plantea dudas sobre si regresar al país de origen puede considerarse voluntario cuando los deportados tienen pocas alternativas en el país receptor.

También surgieron denuncias de violencia policial en Guinea Ecuatorial. La policía arrestó a Ahmed Soliman, egipcio, y Samson Birhane, eritreo, el 11 de septiembre de 2026 en Malabo, la capital, según sus abogados. Estados Unidos había deportado a ambos hombres al país, donde se alojaban en un hotel. Los abogados denunciaron que los agentes los llevaron de regreso al hotel con bolsas sobre la cabeza y los golpearon frente a otros detenidos. Isabella Mosselmans, del Global Litigation Council, integrante de la coalición que representa a los hombres, afirmó: “Durante los últimos meses hemos observado un aumento de los casos de violencia policial”. En un comunicado del 18 de septiembre, Amnistía Internacional señaló que considera que la policía los atacó “en represalia”. El informe de The Associated Press no incluyó respuestas de funcionarios de Guinea Ecuatorial ni de Estados Unidos. Amnistía informó el 22 de octubre que ambos hombres habían sido liberados el 8 de octubre. Su experiencia muestra la dificultad de garantizar protección a los deportados una vez que salen de la jurisdicción estadounidense.

Además de los desafíos legales y los casos individuales, el programa enfrenta cuestionamientos por su costo. Un informe de febrero elaborado por el personal de la minoría demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado identificó al menos 32,3 millones de dólares en pagos a cinco gobiernos, incluidos 7,5 millones para cada uno de Ruanda, Guinea Ecuatorial y Palaos. El informe estimó los costos totales en unos 40 millones de dólares hasta enero. Un informe de septiembre, basado en documentos internos del Departamento de Estado, señaló que el gobierno había reservado 410 millones de dólares para el programa, incluidos 81 millones para gobiernos firmantes de acuerdos. Los fondos reservados no equivalen a dinero gastado, y no existe una contabilidad pública completa. La diferencia entre fondos prometidos, comprometidos formalmente y efectivamente gastados dificulta establecer el costo total del programa.

Los pagos varían considerablemente, al igual que lo que Estados Unidos recibió a cambio. El informe del Senado registra 7,5 millones de dólares para cada uno de Ruanda, Guinea Ecuatorial y Palaos, 5,1 millones para Esuatini y al menos 4,76 millones para El Salvador. También menciona por separado 9,5 millones en “asistencia para deportaciones” destinados a Costa Rica. Hasta enero, Ruanda había recibido siete personas, Esuatini 15 y Guinea Ecuatorial 29, mientras Palaos no había recibido ninguna. El costo estimado por persona, incluidos pagos y vuelos, osciló entre unos 20.755 dólares en El Salvador y 1,1 millones en Ruanda, que aceptó recibir hasta 250 personas. El Departamento de Estado defendió los acuerdos como parte de los esfuerzos para poner fin a la inmigración ilegal. Las estimaciones reflejan distintos acuerdos y cantidades de deportados, lo que dificulta comparar directamente los costos entre países.

Es probable que las cifras totales sean inferiores al costo real. El informe calculó gastos de unos 40 millones de dólares hasta enero: 32,3 millones en pagos, aproximadamente 7,2 millones en vuelos y 307.000 dólares para alojar deportados en una base estadounidense en Yibuti. Consideró esa cantidad un mínimo porque excluye repatriaciones, hoteles y ayuda a organizaciones que atienden a deportados. Guinea Ecuatorial ilustra las diferencias contables: el personal del Senado describió los 7,5 millones como un pago, pero el registro federal de USAspending.gov los clasifica como fondos comprometidos sin desembolsos registrados, es decir, comprometidos pero no contabilizados como gastados. El informe fue elaborado por personal de la minoría y no constituye una auditoría, por lo que todavía se desconoce cuánto han pagado realmente los contribuyentes. Sin una contabilidad pública completa, las consecuencias financieras siguen siendo otro aspecto sin resolver del programa.

Las dudas sobre el gasto han provocado solicitudes de supervisión federal. En una carta del 7 de abril, los senadores Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, y Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, junto con los representantes Delia Ramirez, demócrata de Illinois, y Troy Carter, demócrata de Luisiana, pidieron a los inspectores generales de los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado que investigaran. Escribieron que “la ley estadounidense impone estrictos requisitos de debido proceso antes de que una persona pueda ser deportada a un tercer país” y solicitaron “un desglose de las cuentas presupuestarias utilizadas para financiar el sistema de deportaciones a terceros países”. La carta citó denuncias de notificación insuficiente y posibles violaciones de protecciones legales, que no constituyen conclusiones confirmadas. No está claro si algún inspector general ha completado una investigación. La solicitud de los legisladores relaciona las preocupaciones sobre el trato a los deportados con preguntas sobre el uso de fondos públicos.

La audiencia de diciembre ante la Corte Suprema volverá a colocar en primer plano la disputa sobre esas protecciones legales. El caso se refiere a los procedimientos que debe seguir el gobierno, no a si puede realizar deportaciones a terceros países en todos los casos. La suspensión del 29 de septiembre permanecerá vigente hasta que el tribunal emita su sentencia. El plazo para presentar el escrito de los demandantes vence el 16 de noviembre y la respuesta del gobierno debe presentarse el 1 de diciembre. Los argumentos están programados para el 9 de diciembre. Los jueces deberán decidir si los procedimientos gubernamentales ofrecen las protecciones exigidas por la ley federal y si los tribunales inferiores tenían autoridad para intervenir. Para los inmigrantes que enfrentan deportaciones a países desconocidos, el fallo podría determinar si tendrán la oportunidad de impugnar los peligros que los esperan antes de ser expulsados.

Alicia Raffinengo, Reportera

Life News Today