Ortega y el Fin de las Elecciones en Nicaragua

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John Merolla

Reportero, Life News Today

Las últimas declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, volvieron a poner al país en el centro de la escena internacional. Durante un acto oficial por el 47º aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado en las últimas semanas de julio, el mandatario aseguró: "Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder", una frase que fue interpretada por gran parte de la comunidad internacional como la confirmación de que el país abandona definitivamente cualquier intento de mantener un sistema democrático. Si bien desde hace varios años organismos de derechos humanos y distintos gobiernos denunciaban que las elecciones nicaragüenses ya no eran libres ni transparentes, esta vez fue el propio Ortega quien dejó en claro que el oficialismo no contempla la posibilidad de una alternancia política. Sus palabras generaron una fuerte repercusión en América Latina, Estados Unidos y Europa, donde numerosos líderes expresaron preocupación por el futuro institucional del país centroamericano.

Para comprender cómo Nicaragua llegó a esta situación es necesario retroceder varias décadas. Daniel Ortega fue uno de los principales líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el movimiento guerrillero que en 1979 derrocó la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, poniendo fin a más de cuarenta años de dominio de esa familia. En aquel entonces Ortega era visto como un símbolo de la lucha contra el autoritarismo y prometía construir una democracia más justa y con mayor igualdad social. Gobernó durante los años ochenta, pero en 1990 perdió las elecciones frente a Violeta Chamorro, aceptó la derrota y dejó el poder de manera pacífica. Sin embargo, regresó a la presidencia en 2007 y desde entonces comenzó un proceso de concentración del poder que, con el paso de los años, transformó profundamente el sistema político nicaragüense.

Durante sus primeros años de gobierno, Nicaragua experimentó una etapa de crecimiento económico. El país recibió importantes inversiones, aumentó el turismo y contó con un fuerte respaldo financiero de Venezuela, que enviaba petróleo en condiciones favorables gracias a la alianza entre Ortega y Hugo Chávez. La economía crecía impulsada por las exportaciones de café, azúcar, carne, oro y productos textiles, mientras que miles de familias dependían también de las remesas enviadas por nicaragüenses que trabajaban en Estados Unidos y Costa Rica. Aunque Nicaragua continuaba siendo uno de los países más pobres de América Latina, el crecimiento permitió reducir algunos indicadores de pobreza y mejorar la infraestructura en distintas regiones. Sin embargo, ese desarrollo nunca estuvo acompañado por un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Con el paso de los años, el oficialismo comenzó a controlar cada vez más organismos del Estado, modificó leyes electorales, aumentó su influencia sobre la Justicia, fortaleció su control sobre el Consejo Supremo Electoral y eliminó los límites para la reelección presidencial.

El punto de quiebre llegó en 2018. Ese año estallaron masivas protestas contra el Gobierno luego de una reforma al sistema de jubilaciones, aunque rápidamente las manifestaciones se transformaron en un reclamo más amplio contra Ortega. La respuesta del Estado fue una fuerte represión. Organismos internacionales denunciaron que más de 300 personas murieron durante los enfrentamientos y miles debieron abandonar el país por temor a ser perseguidas. A partir de entonces, periodistas, organizaciones sociales, universidades, empresarios, estudiantes y representantes de la Iglesia Católica denunciaron un creciente clima de persecución política. Muchos medios de comunicación independientes fueron cerrados o trasladaron sus operaciones al exterior, mientras que dirigentes opositores comenzaron a ser detenidos o forzados al exilio.

En los años siguientes, el Gobierno profundizó todavía más su control. En las elecciones presidenciales de 2021, varios de los principales candidatos opositores fueron encarcelados antes de los comicios o quedaron inhabilitados para competir. Diversos gobiernos y organismos internacionales afirmaron que esas elecciones no podían considerarse libres ni democráticas debido a la ausencia de competencia política real. Posteriormente, Ortega impulsó nuevas reformas constitucionales, fortaleció el poder del Ejecutivo y, tras una reforma constitucional que creó la figura de la copresidencia, su esposa, Rosario Murillo, pasó a ocupar ese cargo, una decisión que aumentó las críticas por la concentración del poder dentro de una misma familia. Las recientes declaraciones asegurando que no volverán a celebrarse elecciones para permitir un cambio de gobierno fueron consideradas por muchos analistas como la confirmación definitiva de un proceso que se desarrolló lentamente durante casi dos décadas y que terminó convirtiendo a Nicaragua en un régimen autoritario.

La realidad cotidiana de los nicaragüenses refleja esa transformación política. Aunque el país mantiene niveles de violencia común inferiores a los de otros países de Centroamérica y continúa funcionando con relativa estabilidad económica, numerosos organismos internacionales denuncian restricciones a la libertad de expresión, limitaciones para ejercer la actividad periodística, vigilancia sobre organizaciones civiles y escaso espacio para la oposición política. Miles de ciudadanos abandonaron Nicaragua durante los últimos años buscando mejores oportunidades laborales y un entorno con mayores libertades. La economía continúa dependiendo en gran medida de las exportaciones agrícolas, de la industria textil y de las remesas enviadas desde el exterior. Si bien el país logró evitar un colapso económico como el ocurrido en Venezuela, la pobreza sigue afectando a una parte importante de la población y el crecimiento económico es mucho más lento que antes de la crisis política iniciada en 2018.

Las palabras de Ortega provocaron una inmediata reacción internacional. Estados Unidos calificó las declaraciones como una nueva evidencia del deterioro democrático y ratificó su política de sanciones contra funcionarios del Gobierno nicaragüense. La Unión Europea expresó su preocupación por la desaparición de las garantías democráticas y volvió a reclamar el respeto por los derechos humanos y la liberación de presos políticos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también manifestó preocupación por la situación institucional del país, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch sostuvieron que las declaraciones confirman años de denuncias sobre la eliminación progresiva de las libertades civiles. Varios gobiernos latinoamericanos también expresaron preocupación, aunque otros países aliados de Ortega mantuvieron su respaldo político.

El futuro de Nicaragua aparece rodeado de incertidumbre. Si el Gobierno mantiene el rumbo anunciado por Ortega, es probable que continúe el aislamiento diplomático y aumenten las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. También podrían reducirse nuevas inversiones extranjeras, afectando el crecimiento económico y el empleo. En el plano interno, la ausencia de elecciones competitivas elimina el principal mecanismo democrático para que los ciudadanos puedan cambiar de gobierno mediante el voto. Al mismo tiempo, la oposición permanece debilitada por años de persecución, detenciones y exilios, lo que dificulta la aparición de una alternativa política organizada.